El control social en la gestión pública es un componente esencial para el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier sociedad. Este mecanismo permite que la ciudadanía participe activamente en la supervisión, evaluación y seguimiento de las acciones del Estado, promoviendo así una administración más eficiente, justa y orientada al bien común.
A través del control social, la población se convierte en un actor vigilante del uso de los recursos públicos, del cumplimiento de las políticas gubernamentales y del comportamiento ético de los funcionarios. Esta participación no solo fomenta la confianza entre el Estado y la sociedad, sino que también reduce el riesgo de corrupción, arbitrariedades y malversación de fondos.
