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07 de noviembre de 2013

Se instala mesa de concertación jurisdiccional indígena

Luego de 22 años de vigencia de la Constitución Política de Colombia, aún no se ha reglamentado el Artículo 246 que les da a los pueblos indígenas, funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y las formas de coordinar esa jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
Esta fue la gran inquietud, de la Mesa departamental de Coordinación Interinstitucional de discusión entre los pueblos indígenas y el sistema Judicial Nacional, que instaló el Gobernador Marco Tulio Ruíz, con la presencia de los presidentes del Consejo seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, del Tribunal Superior de Yopal, del Contencioso Administrativo de Casanare y los representantes de los 10 resguardos Indígenas del Departamento.

En esta materia, el País se está rigiendo por lo previsto en la ley 89, de 1890, según el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare Néstor Trujillo González, quien además de celebrar la iniciativa del gobierno departamental de adelantar la mesa de diálogo, instó a las autoridades que tienen competencia en estos asuntos, para que impulsen los mecanismos necesarios para redactar los términos de un proyecto de ley que reglamente el mandato constitucional y señale los alcances y límites de la jurisdiccionalidad de los pueblos indígenas.

Marlen Gutiérrez Oropesa, secretaria de gobierno del departamento, calificó el evento como de histórico, pues se trata de la primera mesa de diálogo que se instala y el compromiso, según la funcionaria, es el de no ahorrar esfuerzo alguno, hasta lograr que las iniciativas, producto de los diálogos en la región, sean ejemplo nacional y la base para el proyecto de ley que reglamente los mecanismos de coordinación de los sistemas jurisdiccionales entre los pueblos indígenas y el vigente para el resto de la Nación.

Por su parte, el representante de los pueblos indígenas, Aly Youl Joropa Colina, consideró urgente la discusión de un proyecto de ley que establezca las competencias de las autoridades judiciales para calificar el comportamiento de un indígena, cuando se considere quebrantados los derechos de los demás, fuera de los resguardos, pues, según su criterio, a través de los cabildos, cada organización indígena tiene su manera de aplicar justicia, teniendo como base el equilibrio social.

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